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Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

 

A través del presente R D-L, el Gobierno dicta una serie de medidas centradas en dar una respuesta adecuada que permita restablecer el funcionamiento normal de la actividad económica y productiva de las empresas, durante las diversas fases de desescalada previstas que nos conducirán a esa “nueva normalidad” provocada por el virus covid-19 o coronavirus.

El presente Real Decreto-Ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, ello es el 13/05/20.

A continuación, les resumimos estas medidas:

1.- Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en fuerza mayor durante el desconfinamiento.

A partir del 13/05/20, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en fuerza mayor relativa al COVID, y estuvieran afectadas por causas que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.

Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base a fuerza mayor derivada del COVID, desde el momento en el que las causas motivadoras de la fuerza mayor permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción comunicados a partir del desconfinamiento.

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados a partir del 13/05/20 y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación las especialidades en su tramitación prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo derivado de fuerza mayor relativa al COVID-19.

Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo basado en fuerza mayor relativa al COVID-19, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a día 13/05/20, seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

Las medidas extraordinarias de protección por desempleo establecidas para los expedientes de regulación de empleo temporal derivados del COVID-19, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.

Y en el caso de las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19, las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo establecidas en su día, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

4.- Medidas extraordinarias en materia de cotización.

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades con expedientes de regulación de empleo temporal por causa de fuerza mayor total relativa al COVID-19, del abono de la aportación empresarial relativo a las cuotas de SS por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y                         porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio:

– El 85 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

– El 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, si a 29 de febrero de 2020, la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta.

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión:

– El 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

– El 45 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, si a 29 de febrero de 2020, la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta.

Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada.

Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema RED.

A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

5.- Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal.

Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en fuerza mayor durante el desconfinamiento, regulados en el punto 1 del presente.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a dichos expedientes de regulación temporal de empleo y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

6.- Extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en fuerza mayor derivada del COVID-19, y de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización.

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de estos expedientes de regulación de empleo, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones de SS, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.

7.- Salvaguarda del empleo.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas para los expedientes de regulación temporal   empleo por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

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DECRETO LEY 16/2020 de la Generalitat de Catalunya, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia.

DECRETO LEY 16/2020 de la Generalitat de Catalunya, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia.

DECRETO LEY 16/2020 de la Generalitat de Catalunya, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia.

Mediante el presente DL la Generalitat de Catalunya establece una seria de ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y trabajadores autónomos de la dicha comunidad autónoma. A continuación, les resumimos las principales:

1.- Ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y trabajadores autónomos.

La finalidad de esta medida es que los trabajadores autónomos y las microempresas, cuya situación se ha visto agravada por efectos de las medidas preventivas y de contención derivadas de la situación de la COVID-19, puedan reiniciar su actividad, evitando así el desempleo de las personas con las que tengan una relación laboral.

Pueden ser entidades beneficiarias de esta subvención las microempresas y los trabajadores autónomos que empleen hasta 10 trabajadores, constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña, que hayan visto suspendida su actividad por razón de la declaración del estado de alarma regulado en el Real decreto, 463/2020, de 14 de marzo.

Estas microempresas y trabajadores autónomos tienen que mantener el 100% de la plantilla que tenían en el momento en que se declaró el estado de alarma y, como mínimo, durante los 12 meses siguientes al otorgamiento de la ayuda para el reinicio de la actividad.

Son subvencionables los costes laborales de los trabajadores que formen parte de la plantilla de las entidades beneficiarias, hasta un máximo de 3, por un periodo de seis meses desde el reinicio de la actividad.

La cuantía de la subvención a otorgar es un módulo económico equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional vigente, cuyo importe concreto se tiene que publicar en la convocatoria extraordinaria.

Se concederá un anticipo del 90% del importe de la subvención que se realizará en la misma resolución de otorgamiento, sin necesidad de aportar ningún aval o garantía, vista la naturaleza de los beneficiarios y la urgencia y la necesidad de paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19. El 10% restante de la subvención se pagará una vez la entidad haya justificado debidamente la ejecución de la actuación.

Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda concedida con la misma finalidad que esté financiada por otras administraciones o entes públicos o privados, ya sean de ámbito local, nacional, estatal, de la Unión Europea o de organismos internacionales, incluídas las reducciones de los costes de Seguridad Social.

El importe de las ayudas concedidas en ningún caso puede ser de una cuantía que supere los costes laborales de cada trabajador o trabajadora.

Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones y su justificación se tienen que presentar según modelos normalizados y siguiendo las indicaciones que estarán disponibles en el apartado Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña.

El procedimiento de concesión de subvención se inicia el día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria extraordinaria.

2.- Ayudas de apoyo a las microempresas, trabajadores autónomos, las empresas cooperativas y de la economía social al impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos modelos de negocio y actividad económica.

Se establecen dos líneas de subvenciones diferenciadas según la tipología de empresa objeto de la ayuda:

  • Línea 1. Medidas de apoyo a las microempresas y trabajadores autónomos, que ocupen hasta 10 trabajadores, y que se han visto agravados por los efectos de las medidas preventivas y de contención derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19.

El objeto de esta línea 1 es el impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos modelos de negocio y su formación asociada, con el objetivo del mantenimiento del empleo y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en microempresas y por parte de trabajadores autónomos, que empleen hasta 10 trabajadores, y que se han visto agravados por los efectos de las medidas preventivas y de contención derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Se articula mediante una subvención para llevar a cabo estos proyectos, dirigida a las entidades que representan las microempresas y los trabajadores autónomos, con la finalidad de que estas puedan adaptar la prestación de sus servicios a la nueva realidad, dado que su modelo de negocio actual comporta relación presencial en la prestación de sus actividades.

  • b) Línea 2. Medidas de apoyo a proyectos singulares para la reactivación socio-económica COVID-19 para empresas cooperativas y de la economía social.

Tiene por objeto reactivar económicamente las empresas de economía social, mediante procesos de intercooperación, y a través de actuaciones estratégicas y/o de otras de complementarias, con el fin de aportar a estas empresas herramientas y soluciones ante la situación actual de pandemia y postpandemia, y para poder afrontar mejor los retos surgidos de la nueva realidad socio-económica, de forma que se refuerce la viabilidad de las empresas, la competitividad de la economía social y el mantenimiento y la dinamización del empleo.

A los efectos previstos en las dos líneas anteriores, se debe publicar una convocatoria extraordinaria.

Son beneficiarias de la línea 1 las entidades con sede en Cataluña, con vinculación sectorial, que acrediten que representan a las microempresas y a los trabajadores autónomos de los sectores priorizados a partir de convenios de adhesión.

Para la formación asociada, estas entidades tienen que estar inscritas en el Registro de centros de formación del Servicio Público de Empleo de Cataluña en el área profesional objeto de la formación. En caso contrario, se tienen que agrupar con una o más entidades de formación que cumplan los requisitos anteriores y que no hayan reducido su plantilla desde la declaración del estado de alarma.

Pueden ser beneficiarias de la línea 2 las empresas cooperativas que tengan experiencia en el ámbito del proyecto y demuestren su capacidad.

Con respecto a la línea 1, son subvencionables los proyectos orientados a ofrecer servicios en los sectores del comercio, la hostelería, el turismo y la cultura, que planteen prácticas de transformación digital, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajar, también sobre seguridad y salud laboral, así como la formación asociada para el desarrollo de estos proyectos en las microempresas.

Los proyectos de la línea 2 que pueden ser objeto de ayuda son los siguientes:

  • a) Proyectos singulares de reactivación económica (eje A)

Se consideran proyectos singulares de reactivación económica los nuevos proyectos singulares de intercooperación y/o fusión para el mantenimiento y/o el crecimiento de la actividad económica y de puestos de trabajo.

La intercooperación tiene que estar promovida como mínimo por dos empresas cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras el proyecto, y si procede las otras personas jurídicas que participen tienen que tener una facturación conjunta superior a los 500.000 euros anuales, según el último balance.

  • b) Proyectos singulares de reactivación económica integrales (eje B)

Se consideran proyectos singulares de reactivación económica integrales los nuevos proyectos singulares de intercooperación y/o fusión para el mantenimiento y/o el crecimiento de la actividad económica y de puestos de trabajo.

La intercooperación tiene que estar promovida como mínimo por dos empresas cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto y, si procede, las otras personas jurídicas que participen, tienen que tener una facturación conjunta superior a los 2.000.000 euros anuales, según el último balance.

  • c) Proyectos singulares de alto impacto estratégico de la economía social (eje C)

Se consideran proyectos singulares de alto impacto estratégico de la economía social los nuevos proyectos singulares de crecimiento o de intercooperación y/o fusión que demuestren una relevancia estratégica de dimensionado y posicionamiento en el mercado de la economía social.

La intercooperación tiene que estar promovida como mínimo por dos empresas cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto y, si procede, las otras personas jurídicas que participen, tienen que tener una facturación conjunta superior a los 20.000.000 de euros anuales, según el último balance.

Son prioritarios los proyectos que profundicen en la digitalización y la innovación tecnológica, la distribución de productos a los consumidores de forma ecológica, el consumo responsable, el refuerzo del ámbito cultural y la generación de propuestas industriales de producción de bienes y servicios para la lucha contra la COVID-19.

Con respecto a la línea 1, la cuantía de la subvención a otorgar es un importe máximo de 60.000 euros, desglosada en los conceptos siguientes:

  • a) Un máximo de 30.000,00 euros para la definición, diseño, ejecución y seguimiento del proyecto.
  • b) Un máximo de 30.000,00 euros para la ejecución de la formación para el desarrollo de los proyectos, en función de las personas destinatarias previstas en solicitud, multiplicado por la duración y el módulo económico.

En relación con la línea 2, el importe máximo de la ayuda a otorgar corresponde a los gastos en los que puedan incurrir las entidades que participan en el proyecto singular de reactivación socio-económica respecto a las actuaciones indicadas en el artículo anterior, con el límite de 50.000, 160.000 y 400.000, según se trate del eje A, B o C, respectivamente.

Se consideran gastos subvencionables en la línea 2:

  • a) Los gastos para elaborar el estudio de viabilidad técnico y económico del proyecto.
  • b) Las remuneraciones del personal que participe en los trabajos del proyecto, y/o que cumpla tareas en su elaboración, ejecución, desarrollo o seguimiento. El personal puede ser contratado directamente por la entidad.

Las empresas o entidades beneficiarías pueden imputar, como gastos de personal, un máximo de 32.000 euros por trabajador o socio trabajador.

Los gastos de desplazamientos de las personas contratadas por la empresa o la entidad están sujetos a los límites y condiciones que establece el artículo 9 del Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas y se modifica el Reglamento de planes y fondo de pensiones, aprobado por el Real decreto 304/2004, de 20 de febrero, o sus posteriores modificaciones y revisiones. Los límites son los siguientes:

  • a) El 100% del gasto cuando se utilice el transporte público.
  • b) 0,19 euros por kilómetro en caso de que se utilice el vehículo propio y los gastos de peaje y aparcamiento que sean necesarios.
  • c) Los gastos de alquiler necesarios para desarrollar el proyecto.
  • d) Los gastos vinculados a la puesta en marcha de nuevos servicios, productos, apertura a nuevos clientes y mercados.
  • e) Los gastos de comunicación y difusión necesarios para el proyecto: creación de herramientas, diseños y recursos web.
  • f) Los gastos de material, publicidad y comunicación vinculados a la difusión del proyecto.
  • g) Los gastos de formación y organización de talleres, actos y sesiones.
  • h) Primas de seguros vinculadas a la realización de las actuaciones.
  • i) El importe del IVA efectivamente soportado y no recuperable. Las entidades beneficiarias tienen que declarar la situación en la que están respecto a este impuesto. En caso de que estén sujetos a un régimen de prorrata general o especial, solo se puede imputar el porcentaje que legalmente les corresponde.
  • j) Los gastos indirectos de hasta un máximo del 15% del importe total del proyecto. Los gastos de amortización de los bienes necesarios para llevar a cabo el proyecto se pueden incluir dentro de estos gastos indirectos.
  • k) Los gastos del informe del auditor relativo a la justificación de la subvención otorgada.
  • l) Los gastos de inversión que en aplicación del criterio de importancia relativa son contabilizados como gastos.
  • Para estos casos, el informe del auditor se tiene que pronunciar sobre si las inversiones se han contabilizado en una cuenta de gasto.
  • m) Otros gastos que respondan de manera inequívoca a las necesidades del proyecto, siempre que la entidad las haya incluido en el presupuesto y estén debidamente acreditadas.

Se concederá un anticipo del 90% del importe de la subvención que se realiza en la misma resolución de otorgamiento, sin necesidad de aportar ningún aval o garantía, vista la naturaleza de los beneficiarios y la urgencia y la necesidad de paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19. El 10% restante de la subvención se pagará una vez la entidad haya justificado debidamente la ejecución de la actuación.

Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda concedida con la misma finalidad que esté financiado por otras administraciones o entes públicos o privados, ya sean de ámbito local, nacional, estatal, de la Unión Europea o de organismos internacionales, incluidas las reducciones de los costes de Seguridad Social.

El importe de las ayudas concedidas en ningún caso puede ser de una cuantía que supere los costes laborales de cada trabajador o trabajadora.

Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión y su justificación se tienen que presentar según modelos normalizados y siguiendo las indicaciones que estarán disponibles en el apartado Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

El plazo para presentar la justificación de la línea 1 será como máximo de dos meses, a partir del día siguiente de finalizar la ejecución. El órgano competente establecerá mediante una instrucción los mecanismos de seguimiento y control que permitan comprobar la ejecución correcta de las actuaciones por las que se concede la ayuda.

Con respecto a la línea 2, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias tiene que establecer los mecanismos de seguimiento y control que permitan comprobar la realización de las diferentes acciones del proyecto y el mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se ha recibido la ayuda económica, sin perjuicio de las acciones de control complementarias que se decida llevar a cabo para el seguimiento correcto de la medida implantada.

Para cualquier duda o consulta puede contactar con nosotros en el 938 726 944 \ 912 783 194 o en el correo  info@gmintegrarrhh.com

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Planes de igualdad en las empresas

Planes de igualdad en las empresas

Cuando hablamos de planes de igualdad en las empresas, nos referimos a un conjunto de medidas que están orientadas a conseguir la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. El objetivo principal que se persigue con estos planes, es eliminar la discriminación por sexo.

Para alcanzar el éxito en los planes de igualdad, es muy importante definir, analizar y especificar un conjunto de objetivos. También es necesario tener muy presente que se trata de un planteamiento global dentro de toda organización; aunque parte del éxito guarda una especial relación con el día a día y los pequeños detalles.

No es suficiente con definir un buen plan. Es importante que sea realizable y que involucre a todas las personas de la empresa. Aunque sepamos que es de obligado cumplimiento, no debemos verlo sólo como una obligación que cumplir; es importante entenderlo y comprender el gran beneficio que nos aportará más allá de su obligatoriedad.

¿Qué tipo de empresas están obligadas a tener un Plan de Igualdad?

El Nuevo Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, establece que las empresas con una plantilla superior a 50 personas; están obligadas a implementar un Plan de Igualdad. En el caso de no tenerlo, puede haber sanciones económicas importantes.

Para saber cuándo deberá estar implementado el plan en cada caso, debemos fijarnos en el número de trabajadores y queda de la siguiente forma:

  • Empresas de entre 151 y 250 trabajadores: 3 de Marzo de 2020
  • Empresas que tengan entre 101 y hasta 150 trabajadores: 3 de Marzo de 2021
  • Y para las empresas que tengan entre 50 y 100 trabajadores: 3 de Marzo de 2022

No adaptar la empresa, es decir, no elaborar dicho plan, además de acarrear sanciones económicas, puede incurrir en infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales individuales y colectivas.

Respecto a la igualdad de oportunidades, nos gustaría añadir que además de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente; es muy rentable para las empresas. Prestar atención a este tipo de planes mejora el clima dentro de las organizaciones, potencia la productividad y evita sanciones.

Proceso de implantación de un plan de igualdad.

En el proceso de implantación de un Plan de Igualdad, debemos tener en cuenta las siguientes fases:

  1. Iniciativa y diagnóstico: En GMIntegra RRHH hacemos un estudio previo de cada empresa. Es importante destacar que no todas las organizaciones son exactamente iguales, por lo tanto, es necesario prestar atención personalizada a cada una de ellas y también a cada una de las fases. En esta fase inicial trabajamos con diferentes encuestas e indicadores. Encaminadas a conocer la participación igualitaria en los puestos de trabajo, el lenguaje que se emplea, o también la gestión organizativa y la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, por poner algunos ejemplos.
  2. Diseño y elaboración: En esta fase evaluamos cada uno de los ámbitos de trabajo, con el objetivo de identificar mejoras, proponer nuevos objetivos y también diseñar las distintas acciones que debemos poner en marcha.
  3. Implantación: Una vez tenemos definidas todas las acciones a implementar, pasaremos a su ejecución dentro del plan previsto.
  4. Evaluación: No basta con definir e implementar un buen Plan de Igualdad, también debemos asegurarnos de que estamos consiguiendo los objetivos marcados inicialmente. Para ello establecemos los mecanismos necesarios para su evaluación. Con estas acciones de seguimiento también nos aseguramos de que podremos cumplir con las fechas establecidas.

Beneficios de implementar un Plan de Igualdad.

La implementación de un Plan de Igualdad diseñado por profesionales con experiencia, aporta muchos beneficios a las empresas. Antes de finalizar este post, queremos destacar algunos de ellos:

  • Ayuda a cumplir con la legislación vigente en cada caso
  • Permite beneficiarse de subvenciones y puede constituir una prioridad en la adjudicación de contratos por parte de las Administraciones Públicas; ya que forman parte de los múltiples requisitos para poder acceder.
  • Mejora la imagen de la empresa en su entorno, potenciando positivamente el branding y la reputación de marca.
  • Está demostrado que mejora el clima laboral, por lo tanto, también puede influir positivamente en la reducción del absentismo y en un aumento de la fidelización de la plantilla.
  • Un clima laboral positivo puede ser el detonante de un incremento en la productividad…

Diseñar e implementar un Plan de Igualdad adecuado para cada empresa, tiene grandes ventajas, si quieres más información y te interesa saber cómo podemos ayudarte, en GMIntegra RRHH estaremos encantados de atenderte. ¿Comenzamos?

 

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ORDEN SND/388/20 reapertura comercios fase 0

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

A través de la presente Orden, el Gobierno dicta una serie de condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados dentro de la fase inicial o fase 0 de desescalada, destinada a la reactivación de la actividad comercial y de determinadas actividades de servicios profesionales que requieren la apertura al público de establecimientos o locales, asimiladas al comercio minorista, cuya actividad se encuentra suspendida tales como peluquerías y centros de estética, servicios de arreglos y reparaciones, y similares.

En esta fase inicial, podrán reabrir al público aquellos locales y establecimientos del comercio minorista y de servicios profesionales que garanticen el cumplimiento de una serie de condiciones que permitirán compatibilizar esta reapertura con las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores, evitando así un repunte de la enfermedad.

Por otra parte, con respecto a las medidas previstas en esta orden en el ámbito de la hostelería y restauración, se dispone que las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse, además de mediante el servicio de entrega a domicilio ya permitido, mediante la posibilidad de recogida por el cliente en el establecimiento, siempre que se respeten determinadas medidas de higiene, prevención y aforo.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

1.- Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados.

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma a excepción de aquellos que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados, así como de aquellos que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

  • a) Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador, sin que se puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos.
  • b) Se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación física de aproximadamente dos metros o, en el caso de que esto no sea posible, mediante la instalación de mostradores o mamparas.
  • c) Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este colectivo.

Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su acceso.

Los desplazamientos a los establecimientos y locales anteriormente indicados podrán efectuarse únicamente dentro del municipio de residencia, salvo que el servicio o producto no se encuentre disponible en el mismo.

  1. Medidas de higiene que se deberán aplicar en los establecimientos y locales con apertura al público.

Los establecimientos y locales anteriormente indicados que abran al público realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

– Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día;

– Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Si se utiliza un desinfectante comercial se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

– Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual (en adelante EPIs) utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición.

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.

Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales comerciales.

No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.

Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.

  1. Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios en los establecimientos y locales que abran al público.

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los establecimientos comerciales los siguientes trabajadores:

  • a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
  • b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de manera específica para prevenir el contagio del COVID19.

En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo y de que tengan permanentemente a su disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los propios trabajadores. Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

Lo anterior será también aplicable todos los trabajadores de terceras empresas que presten servicios en el local o establecimiento, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.

El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la actividad económica o de la persona en quien este delegue.

La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso de atención al cliente será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de protección o barreras, o de aproximadamente dos metros sin estos elementos.

En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección individual oportuno que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro.

Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente. El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

  1. Medidas de protección e higiene aplicables a los clientes, en el interior de establecimientos y locales.

El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.

Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y deberán estar siempre en condiciones de uso.

En los establecimientos y locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los productos.

No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba.

En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán.

En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes.

Artículo 5. Actividades de hostelería y restauración.

Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en los establecimientos correspondientes, quedando prohibido el consumo en el interior de los establecimientos.

En los servicios de entrega a domicilio podrá establecerse un sistema de reparto preferente para personas mayores de 65 años, personas dependientes u otros colectivos más vulnerables a la infección por COVID-19.

En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.

Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso, deberá garantizarse la debida separación física establecida de aproximadamente 2 metros, y cuando esto no sea posible, con la instalación de mostradores o mamparas.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, en aquellos establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida.

Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de recogida de pedidos.

  1. Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios de los establecimientos de hostelería y restauración.

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los establecimientos comerciales los siguientes trabajadores:

  • a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
  • b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

El titular de la actividad económica que se realice en el establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación vigente, ya sea con carácter general y de manera específica para prevenir el contagio del COVID19.

En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo, compuestos al menos por mascarillas, y de que tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

  1. Medidas en materia higiene para los clientes y aforo para los establecimientos de hostelería y restauración.

El titular de la actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en el establecimiento deberá poner, en todo caso, a disposición de los clientes:

  • a) A la entrada del establecimiento: geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
  • b) A la salida del establecimiento: papeleras con tapa de accionamiento no manual, dotadas con una bolsa de basura.

El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que se lleve a cabo la recogida de pedidos será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar la recogida de los mismos.

En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea a varios clientes por el mismo trabajador.

En caso de que no pueda atenderse individualmente a más de un cliente al mismo tiempo en las condiciones previstas en el apartado anterior, el acceso al establecimiento se realizará de manera individual, no permitiéndose la permanencia en el mismo de más de un cliente, salvo aquellos casos en los que se trate de un adulto acompañado por una persona con discapacidad, menor o mayor.

DESCARGAR DOCUMENTO: GM Integra RRHH_Orden SND 388-20 reapertura comercios fase 0

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Actualizada para el 2020 la cuota de formación de las empresas

Actualizada para el 2020 la cuota de formación de las empresas

Ya puedes consultar en el aplicativo de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, tu crédito de formación actualizado para este ejercicio. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ha publicado la información relativa a la plantilla media de trabajadores del año 2019, la cuota de formación profesional y las cuentas de cotización facilitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Dichos indicadores proporcionan las cuotas de formación bonificada que tiene cada empresa, según el número de sus trabajadores, para este ejercicio 2020. Recordarle que, si no hace uso de este crédito durante el próximo semestre para formar a sus trabajadores, este crédito se pierde y no se puede acumular para el siguiente año.
GM Integra RRHH dispone de un servicio de formación para empresas, por el que nos podemos encargar de realizar las acciones formativas que tu empresa necesite también en formato AULA VIRTUAL:
  • Realizamos formación de manera virtual por TEAMS o de forma presencial cuando sea posible.
  • Buscamos los mejores profesionales para su impartición.
  • Nos adecuamos al calendario que más se adapte a tus necesidades.
  • Elaboramos el programa adecuado para tus trabajadores, para conseguir cumplir los objetivos del curso.
  • Nos encargamos de gestionar la bonificación de estas formaciones según los últimos requerimientos de FUNDAE.
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Formaciones mediante Aula Virtual

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Empezamos las formaciones presenciales en formato virtual. Utilizaremos la plataforma TEAMS (que no es necesario tener instalada) para poder continuar formando a vuestros trabajadores. Los mismos beneficios que la formación presencial  y bonificables a través de FUNDAE.

Gestión emocional para equipos de trabajo 

Entrenamiento online de la atención e inteligencia emocional para mejorar la productividad, bienestar y motivación de equipos deslocalizados Fecha: 12 Y 19 de Mayo Horario: de 10:30 a 12:30 h Duración: 4 h Precio: 85€ BONIFICABLE Programa: Programa gestión emocional para equipos de trabajo

La Transformación de la venta comercial

Nuevas competencias necesarias para impulsar la venta en época de confinamiento
Fecha: 19 Y 21 de Mayo Horario: de 10 a 13 h Duración: 6 h Precio: 110€
BONIFICABLE
Nos encargamos de la gestión de la bonificación de la formación, atendiendo a los nuevos requerimientos de FUNDAE (Resolución del 15 de abril 2020).

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En GMintegra, gestionamos las nóminas de tu empresa y simplificamos la gestión de tu departamento de RRHH. ¿Comenzamos?

Externalizando la Gestión de Nóminas

Externalizando la Gestión de Nóminas

 

Cuando hablamos de Gestión de Nóminas nos referimos al proceso dentro de una organización, vinculado directamente a la administración del salario de los trabajadores. En la confección de las nóminas, además del salario neto a percibir, se incluyen las obligaciones laborales de los trabajadores vinculados a esa organización. Estas obligaciones son de tipo fiscal y también están relacionadas con la Seguridad Social, entre otras cosas.

Subcontratación de la Gestión de Nóminas

En algunas empresas, en ocasiones deciden hacer un curso para realizar una óptima gestión de nóminas. No es una mala opción, aunque estamos hablando de un trabajo que precisa de una especialización y experiencia importantes. No disponer del tiempo suficiente para desempeñar este trabajo con plenas garantías, puede resultar un serio problema.

Los trabajadores de cualquier empresa suelen tener diferentes horarios de trabajo, además de condiciones personales distintas; y esto se traduce en diferencias en sus cotizaciones a la seguridad social, por poner solamente un ejemplo. No suele haber dos nóminas exactamente iguales. Para desarrollar este trabajo se necesita tiempo y también un amplio conocimiento.

Optar por la externalización en la gestión de nóminas supone un valor añadido interesante para cualquier empresa. Optimizar y economizar recursos en la gestión de las relaciones laborales, contando con un proveedor especializado, ahorra tiempo y dinero. Un proveedor con experiencia, consigue los mismos beneficios que aporta la confección de las nóminas dentro de la propia organización.

Gestionar las nóminas de tu empresa eficazmente

Todas las empresas con trabajadores, sin importar su tamaño, necesitan preparar las nóminas todos los meses. Para ello, es preciso tener en cuenta distintos importes. Debemos conocer el salario base, saber si las pagas extraordinarias están prorrateadas, qué retención de IRPF se debe aplicar en cada caso, y también lo que hemos comentado anteriormente sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.

Aunque dicho esto, es preciso saber que este trabajo no acaba aquí. Existen meses en los que se realizan horas extras, aunque no siempre o no en la misma cantidad, también hay trabajadores que cobran dietas y/o kilometraje, aunque quizás no todos los meses, y un largo etc…

Un buen profesional de la Gestión de Nóminas, que trabaje en el departamento de RRHH o en una empresa externa especializada; está al día de todos los cambios, convenios particulares de las empresas y también de las modificaciones en los convenios colectivos, así como impuestos o bases de cotización. Conocer todos estos requisitos es algo imprescindible para una correcta confección de las nóminas todos los meses.

Beneficios de externalizar las nóminas.

Externalizar las nóminas es una forma de minimizar riesgos. Contar con un partner especializado en relaciones laborales, asegurará que todos los empleados de la empresa reciban sus nominas a tiempo, todos los meses. Los trabajadores de cualquier empresa valoran muchísimo poder recibir sus nóminas de forma puntual, y esto además libera de mucha carga administrativa.

Algunos de los beneficios de la externalización de este servicio, son:

  • Cumplir con la normativa en LOPD, RGPD
  • Llegar a tiempo en las distintas localizaciones físicas de la empresa
  • Liberar de tiempo al departamento de administración
  • Tener todos lo datos necesarios en cualquier momento

Con los servicios de Gestión de Nóminas de GMintegra RRHH, tendrás incluidas, entre muchas otras cosas:

  • Confección de nóminas mensuales
  • Entrada de datos relativa a incidencias de nómina
  • Actualización de los convenios colectivos.
  • Confección y envío del fichero de Seguros Sociales mensuales.
  • Confección de la declaración de I.R.P.F. mensual con envío de fichero y resumen anual
  • Simulaciones de costes salariales
  • Altas y bajas de I.T.
  • Contratos de trabajo y prórrogas
  • Altas y bajas de empleados en la Seguridad Social…

Y un largo etcétera…

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Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

A través del presente R D-L, el Gobierno dicta una serie de medidas complementarias dirigidas a hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus covid-19 o coronavirus, que entrarán en vigor a partir del 23/04/20.

A continuación, les resumimos las medidas relativas al área laboral:

1.- Prórroga teletrabajo y adaptación/reducción del horario por cuidado de familiares.

Se prorroga durante los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma, el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada de las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora.

2.- Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

3.- Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Se considerará infracción laboral muy grave por parte del empresario:

«Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.»

Se entenderá que la empresa incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social.

Sin perjuicio de las multas que por incurrir en dicha infracción muy grave corresponda (desde 6.251 a 187.515€), la empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.»

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de estas infracciones, cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto anteriormente, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora.

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la prescripción de las infracciones que es de 4 años.

La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

 4.- Modificación de las causas justificativas de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por de fuerza mayor (ERTES).

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

En relación con las actividades que deban mantenerse activas de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por la obligación de mantenimiento de la actividad.

5.- Modificación medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos de ERTE tanto fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, para los trabajadores c on contrato fijo discontinuo.

La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes términos:

a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada en aplicación de los procedimientos de ERTE tanto fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, las personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las siguientes medidas:

– El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
– No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse también de las medidas anteriormente indicadas.

b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otras personas trabajadoras comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación.
A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de aplicación la reposición del derecho a la prestación prevista anteriormente.

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo.

6.- Modificaciones en el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, pero con las siguientes particularidades:
1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 %.
2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes.
3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.
4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.
2. Este aplazamiento será incompatible con la moratoria. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.

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