Un fiscal fundamentó un escrito judicial en supuesta jurisprudencia del Tribunal Supremo que en realidad no existía y que había sido generada por una herramienta de inteligencia artificial. El juez incorporó esas referencias ficticias en un auto y las utilizó para denegar un recurso que estaba ajustado a la legalidad, sin comprobar la veracidad de las sentencias citadas. La resolución llegó a mencionar varias decisiones inexistentes, ignorando doctrina consolidada sobre el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Ante esta situación, un abogado ha presentado una queja ante el CGPJ por las graves consecuencias procesales derivadas de ese error. El caso pone sobre la mesa los riesgos del uso de la IA en el ámbito judicial sin verificación ni control profesional.

El Tribunal Superior de Justicia ha declarado procedente el despido disciplinario de una empleada de Mercadona con más de veinte años de antigüedad por llevarse productos sin pagar valorados en poco más de 20 euros. La sentencia revoca un fallo anterior que había reconocido la improcedencia del despido y una indemnización superior a 50.000 euros. El tribunal considera acreditado un grave quebrantamiento de la buena fe contractual y valida el control realizado por la empresa. El fallo subraya que el importe del hurto no elimina la gravedad de la conducta cuando se vulnera la confianza esencial en la relación laboral.

Durante 2025, las empresas españolas transformaron en indefinidos menos de la mitad de los contratos temporales firmados, situando la tasa de conversión en torno al 45 %. Aunque el dato supone una ligera mejora respecto a ejercicios anteriores, sigue evidenciando una elevada rotación y una estabilidad laboral limitada. Muchos contratos temporales finalizan sin llegar a consolidarse en empleo fijo, pese al marco normativo diseñado para reducir la temporalidad. Esta realidad muestra que la estabilidad no depende solo de la legislación, sino también de las decisiones empresariales y de la estructura del mercado de trabajo.