Obligaciones empresariales en materia de inclusión laboral
La inclusión laboral de personas con discapacidad es un derecho fundamental recogido en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013), que sustituyó a la anterior Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI).
Esta normativa establece la obligación para las empresas de 50 o más trabajadores de reservar al menos un 2% de su plantilla para personas con discapacidad, de acuerdo con el criterio técnico 98/2016.
Además, se busca promover un entorno de trabajo inclusivo, garantizando la igualdad de oportunidades y evitando cualquier tipo de discriminación. Esto contribuye a la diversidad empresarial y al cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones.
¿Cómo cumplir con la cuota de empleo para personas con discapacidad?
1. Contratación directa
Incorporando a trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Para ello, las empresas pueden colaborar con entidades especializadas en la inserción laboral de personas con discapacidad, así como adaptar los procesos de selección y garantizar un ambiente accesible y adecuado para el desempeño de sus funciones.
2. Medidas alternativas
En caso de imposibilidad para contratar directamente, las empresas pueden optar por:
- Subcontratar servicios con centros especiales de empleo o entidades cuyo objeto social sea la integración laboral de personas con discapacidad.
- Realizar donaciones a fundaciones o asociaciones dedicadas a la inclusión laboral de este colectivo.
- Desarrollar programas de formación e inserción laboral, orientados a capacitar a personas con discapacidad para futuras oportunidades de empleo.
Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas para la empresa, además de afectar su reputación y compromiso con la responsabilidad social corporativa.
Las multas pueden oscilar entre los 301 y 6.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Además, las empresas que no cumplan con la normativa pueden enfrentar dificultades para acceder a licitaciones públicas y recibir subvenciones o ayudas gubernamentales.
Plazos y comunicación obligatoria
Durante el primer trimestre de cada año, las empresas deben remitir a la autoridad laboral de la comunidad autónoma correspondiente un informe detallado sobre los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad y aquellos que estén reservados para su ocupación futura.
Cada comunidad autónoma habilita un canal específico para esta comunicación.
Además, se recomienda que las empresas realicen auditorías internas periódicas para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa y optimizar sus políticas de inclusión laboral.
Beneficios de la inclusión laboral de personas con discapacidad
Además de cumplir con la normativa, fomentar la inclusión de personas con discapacidad aporta numerosos beneficios a las empresas, entre los que destacan:
- Mejora del clima laboral, al promover la diversidad y la igualdad de oportunidades.
- Acceso a incentivos fiscales y bonificaciones por la contratación de personas con discapacidad.
- Mayor compromiso y motivación de los empleados, al formar parte de una empresa socialmente responsable.
- Refuerzo de la imagen corporativa, al alinearse con valores de inclusión y responsabilidad social.
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